viernes, 28 de diciembre de 2007

Juzgarán a Bussi y Menéndez por el secuestro del ex senador Vargas Aignasse

El represor entrerriano Antonio Domingo Bussi (foto superior) será sometido a juicio oral y público por la desaparición del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, secuestrado en su casa el 24 de marzo de 1976 por personas armadas y encapuchadas “pertenecientes a las fuerzas de seguridad”, según consignó el juez federal subrogante de Tucumán, Daniel Bejas al clausurar la investigación. Por la misma causa también será juzgado Luciano Benjamín Menéndez (foto inferior), que era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, del que dependía la Brigada de Infantería V, que lideraba Bussi.
Los dos mayores símbolos del terrorismo de Estado del norte argentino, y que ostentan el record absoluto de imputaciones por secuestros, torturas y asesinatos, serán juzgados en 2008. Según la Comisión Bicameral Investigadora, formada en 1984 en Tucumán, el 68 por ciento de los 507 secuestros registrados durante la dictadura en la provincia se produjeron entre 1976 y 1977. En esos años, Bussi era comandante de la Brigada de Infantería V e interventor militar de Tucumán; mientras que Menéndez era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, del que dependía la brigada. De ese universo de casos, 387 personas permanecen desaparecidas, 96 fueron liberadas y de apenas 24 se recuperaron los cadáveres.
Ambos serán juzgados por el secuestro del ex senador Vargas Aignasse, desaparecido desde el 24 de marzo de 1976 por personas armadas y encapuchadas “pertenecientes a las fuerzas de seguridad”, apuntó el juez. En la Brigada de Investigaciones de la policía provincial fue “sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos”. Luego lo trasladaron al penal de Villa Urquiza. Su cautiverio concluyó con “una parodia de puesta en libertad”, a la que precedió “el secuestro y posterior desaparición forzosa de Vargas Aignasse”.
El juez Bejas imputó a los militares por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita. El fiscal Emilio Ferrer compartió el argumento según el cual “la modalidad de aniquilamiento sobre personas determinadas, provenientes del accionar del aparato estatal, configuran el delito internacional penal de genocidio”. Ambos represores tienen más de 70 años y gozan de arresto domiciliario, Bussi -oriundo de Victoria- en un country de la recoleta Yerba Buena, en Tucumán, y Menéndez en Córdoba.
Sin embargo, el abogado Horacio Conesa Mones Ruiz anunció que presentará un incidente de nulidad contra la resolución del magistrado, por considerar que es arbitraria y subsisten líneas de investigación que no fueron atendidas, al tiempo que afirmó que “el fallo cedió a la tentación del circo romano”.

lunes, 24 de diciembre de 2007

Dos fiscales chaqueños involucrados en la Masacre de Margarita Belén serán sometidos a un jury de enjuiciamiento

Por Victoria Ginzberg (*)

Los fiscales federales chaqueños Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes (foto) serán sometidos a un jury de enjuiciamiento por orden del procurador Esteban Righi, a raíz de su supuesta participación en interrogatorios ilegales, amenazas a detenidos y encubrir crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Incluso, Flores Leyes habría participado en la Masacre de Margarita Belén, al levantar una constatación del falso enfrentamiento, luego de que se fusilara a una veintena de presos políticos el 13 de diciembre de 1976, entre los que se encontraban los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez. El fiscal hasta comió un asado a escasos metros de los cuerpos con los fusiladores.
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dio un paso decisivo para apartar a dos funcionarios judiciales cuestionados por haber consentido y participado en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Se trata del fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni; y el fiscal federal de la misma ciudad Carlos Flores Leyes. Righi resolvió que sean sometidos a un jury de enjuiciamiento y que se los suspenda en sus funciones.
Flores Leyes fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde diciembre de 1974 hasta 1992, cuando pasó a desempeñarse como fiscal federal, cargo que mantiene hasta hoy. Por su parte, Mazzoni fue secretario del Juzgado Federal de Resistencia desde mayo de 1974 hasta agosto de 1976, cuando lo nombraron fiscal; y en 1992 pasó a ocupar el puesto que todavía conserva de fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia.
El ex detenido político José Luis Valenzuela recuerda a Flores Leyes: “Vi su mano grande golpear en la mesa que estaba frente a mí cuando no respondía una pregunta o no le satisfacía mi respuesta, preguntaba con precisión y parecía inteligente, interrogaba con un cuestionario predeterminado, diferente a como interrogaba la policía, que me había interrogado antes. El contraste entre él, que era tan grandote, y yo, que estaba tan indefenso en esa silla, desnudo, fue lo que me hizo acordarme de su voz y de su físico, que reconocí cuando lo vi más tarde en Gendarmería”. El interrogatorio al que hizo referencia se realizó en la Brigada de Investigaciones del Chaco, donde los detenidos eran torturados y vejados; se produjo el primero o segundo día de su estancia en la Brigada. Lo habían llevado a una sala, desnudado, vendado, lo habían sentaron en una silla, atado de pies y manos, lo habían golpeado y lo habían picaneado. Por debajo de su venda llegó a ver a Flores Leyes, que luego comenzó a dirigir el interrogatorio. Vestía traje. “No tengan trato especial con él”, les dijo el secretario judicial a los policías antes de irse.
De Mazzoni, María Gregoria Pérez recuerda que un día, durante un interrogatorio “abrió el paquete y sacó un arma mediana, como las que usa la policía, alabó el arma, la apuntó hacia mi persona, sacaba la traba del gatillo y la probaba hacia mí, mientras insistía en que declare, que no tenía abogado, que si no declaraba era peor para mí, que ya no me iban a llevar más, lo que significaba una amenaza porque implicaba que me iban a matar. El que le entregó el arma le decía que tenga cuidado, que estaba cargada, Mazzoni respondía que no se le iba a escapar un tiro a él, mientras seguía apuntándome”. La mujer cuenta que Mazzoni trató de “convencerla” para que no esperara a su abogado y empiece a hablar en un interrogatorio. Quien le había entregado el presente con la pistola al entonces secretario del juzgado era uno de los torturadores de la Brigada (la mujer lo reconoció). El regalo venía de parte de Carlos Alcides Thomas, jefe de la Brigada.
Por los casos de Valenzuela y Pérez, entre otros, Flores Leyes y Mazzoni fueron acusados de haber sido autores directos en actos de torturas físicas y psicológicas.
La lista de acusaciones de los fiscales no se agota en esos hechos. Entre otros reproches, el fiscal Félix Crous, que estuvo a cargo del sumario, mencionó: la omisión de denunciar y perseguir el asesinato de Néstor Sala, una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén; no haber denunciado actos de tortura, sino encubrirlos; no haber dado auxilio médico a los detenidos que dijeron haber sido torturados, ni siquiera a aquellos que pidieron asistencia; no haber dado protección a dos detenidas que estaban embarazadas ni preocuparse luego por la salud de los recién nacidos y haber obligado a los presos a declarar mediante amenazas. “Resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional, institucional y social que quienes presuntamente han incumplido con los deberes indicados y presumiblemente han participado de violaciones a los derechos humanos ejerzan la magistratura en el poder del Estado al que se le ha encargado expresamente la defensa de la legalidad”, señaló Righi en el escrito con el que resolvió, el 18 de diciembre pasado, la apertura del jury, que será finalmente la instancia que decidirá si los destituye o no.
En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 Néstor Carlos Sala fue sacado de la Unidad Penitenciaria de Resistencia con el pretexto de que iba a ser trasladado a una cárcel de Formosa junto con una veintena de presos políticos. Todos fueron ejecutados en el trayecto, en la localidad de Margarita Belén, entre ellos, tres entrerrianos. Sala, que había sido detenido en 1975, estaba a disposición del Juzgado Federal de Resistencia, pero ni el juez Luis Ángel Córdoba ni el secretario Flores Leyes ni el fiscal Mazzoni se interesaron por su suerte. Aceptaron la versión oficial que decía que los fusilados en la masacre de Margarita Belén habían muerto en un enfrentamiento cuando intentaban escapar.
No era difícil dudar de la información que dieron los militares. Mirta Clara, esposa de Sala, que también estaba detenida, pidió una entrevista con Flores Leyes y Mazzoni y les señaló distintos indicios que permitían reconstruir lo que había pasado y desacreditar el parte oficial. La mujer les dijo que “en todo Chaco se sabía que esa matanza se produjo por responsabilidad de los militares, la policía y el Poder Judicial”. Ellos no se inmutaron. Tampoco lo negaron.
Diez días después de los fusilamientos, el juez Córdoba y Flores Leyes firmaron un documento que ordenaba: “Atento la renuncia al cargo de defensor del imputado, intímese a Carlos Sala para que dentro del tercer día posterior a su notificación designe nuevo abogado defensor, bajo apercibimiento de designar el defensor Oficial del Tribunal”.
Los funcionarios judiciales a cargo de Sala tal vez no habrían podido evitar su asesinato pero tampoco se preocuparon en aclararlo. No les llamó la atención que el traslado no hubiera sido informado al Juzgado, ni que se hubiera realizado un domingo, ni que el alegado motivo hubiera sido llevarlos a una cárcel de Formosa que no se encontraba preparada para alojar a presos políticos. No certificaron la fecha y causa de la muerte a través de una autopsia, no gestionaron la entrega del cuerpo ni examinaron las actuaciones militares.
Interrogar a los otros presos habría bastado para saber casi con certeza lo que había pasado. Cuatro años después, cuando fueron escuchados, contaron que Sala sabía que el traslado equivalía a su muerte, que les habló a los que se quedaban para darles fuerza y que dijo que iba a salir para evitar que el Ejército entrara y se produjeran males mayores. “Incluso los propios guardiacárceles decían que los habían matado a todos”, señaló uno de los testigos.
Crous destacó en el sumario que si bien resultaba “altamente probable que una investigación sobre lo ocurrido en Margarita Belén en plena dictadura militar hubiera encontrado diversos inconvenientes y escollos, al menos el intento por parte de los funcionarios hubiera demostrado su preocupación y responsabilidad por salvaguardar la vida de los detenidos a su disposición, dando cumplimiento al imperativo legal y ético que la sociedad deposita en la función judicial”.
La lectura de los numerosos testimonios que forman parte del pedido de Righi de iniciar el jury contra estos dos fiscales demuestra que no se trataba de dos funcionarios sobrepasados por el terrorismo de Estado, ni siquiera de dos personas indiferentes. Eran dos colaboradores. Su presencia en interrogatorios bajo torturas, las amenazas y sus propias palabras dan cuenta de ello.
“Sentía una situación de impotencia dada la identificación total del Poder Judicial con la policía del Chaco, la sensación de que la tortura había sido transformada en un método habitual de interrogación. Actuaban como si fuera un método legal. Durante mis siete años de prisión y frente a la cantidad de causas que tenía abiertas tuve oportunidad de charlar en innumerables oportunidades con Flores Leyes, Mazzoni y Córdoba. Lo que surgía de estas charlas es que en el Poder Judicial del Chaco existía una compenetración ideológica con el poder policial militar, una compenetración con el proceso, con la dictadura militar, con el terrorismo de Estado, con la tortura... especialmente por parte de Flores Leyes y Mazzoni”, aseguró el ex detenido Aníbal Ponti.
María Graciela de la Rosa les reprochó a los funcionarios judiciales por la forma en que tomaban las declaraciones: de noche, con amenazas y la clásica luz sobre la cara que no permitía ver nada. Les dijo que parecían interrogatorios de tipo militar. “Trabajamos en equipo”, fue la respuesta. “Flores Leyes siempre intervenía como una especie de represor más, no como funcionario del Poder Judicial”, afirmó Eugenio Domingo Silva. Jorge Héctor Castro contó que, en una oportunidad, cuando les dijo a Flores Leyes y Mazzoni que estaban haciendo preguntas que no correspondían, Mazzoni lo increpó: “Esto es una guerra entre Argentina y Cuba. Yo estoy del lado de Argentina. Agradecé que estás vivo”.
Además de los cargos que lo vinculan directamente con participar o encubrir crímenes de lesa humanidad, Mazzoni también fue acusado por no haberse excusado, una vez en democracia, en las causas en las que él mismo estaba implicado.
Righi ya había tomado una medida relacionada con un funcionario del ministerio público del Chaco por favorecer a represores. La secretaria de la fiscalía general de Resistencia, Ana María Torres, fue exonerada por considerar que “colaboró directamente con la estrategia de la defensa” de los imputados en la masacre de Margarita Belén. La mujer fue la subordinada de Mazzoni durante once años. No se apartó del caso que involucraba a su jefe y permitió que los acusados recuperaran su libertad mediante un recurso de hábeas corpus. La remoción de Torres no tuvo necesidad de un jury porque no se trataba de una fiscal sino de una empleada del Ministerio Público. Ahora, Flores Leyes y Mazzoni enfrentarán sus acusaciones, promovidas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). No será la primera oportunidad para que el Poder Judicial revise la actuación de sus miembros durante la última dictadura. El juez federal Víctor Hermes Brusa enfrentó un juicio político por haber estado en sesiones de tortura en centros clandestinos de Rosario. Sin embargo no terminó destituido por eso, sino por haber atropellado a una persona con su lancha y huir. Su conducta durante el terrorismo de Estado sirvió para que los miembros del Consejo de la Magistratura se hicieran un perfil del personaje.
Mazzoni y Flores Leyes, cuyas responsabilidades penales ordenó investigar la Cámara de Apelaciones de Resistencia, todavía siguen ejerciendo como fiscales. Pero no será así por mucho tiempo. “Es evidente -señaló Righi- que la suspensión resulta imprescindible para garantizar la normal prestación del servicio de justicia”. Para el procurador, “la afectación del servicio de justicia originada en el descrédito de los magistrados investigados y del Ministerio Público como órgano, existirá hasta tanto se aclaren las circunstancias en las que aparecen menoscabados derechos fundamentales en sucesos presuntamente vinculados a acciones represivas por parte del Estado”.

(*) Publicado en el diario porteño Página/12.

viernes, 21 de diciembre de 2007

En abril llega a Paraná la exposición fotográfica Ausencias, de Gustavo Germano

En abril del año próximo se expondrá en el Museo Provincial de Bellas Artes Pedro E. Martínez de Paraná la muestra Ausencias, del fotógrafo entrerriano Gustavo Germano. Durante dos meses las fotos estuvieron expuestas en la Casa Amèrica Catalunya de Barcelona y ahora inician una itinerancia que las llevará a países de Europa y América Latina. Se trata de un proyecto fotográfico acerca de las víctimas de la represión ilegal y desaparición forzada de personas instaurada por la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Entre el 26 de febrero y el 28 marzo estará en el Centro Recoleta de Buenos Aires, y se anunció que a la inauguración podría concurrir la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ausencias es un proyecto expositivo que partiendo de material fotográfico de álbumes familiares muestra 14 casos a través de los cuales se pone rostro al universo de los que ya no están: trabajadores, militantes barriales, estudiantes, obreros, profesionales, familias enteras; ellas y ellos víctimas del plan sistemático de represión ilegal y desaparición forzada de personas, instaurado por la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983. Una de las historias es la de Silvia Bianchi (foto), asesinada el 21 de agosto de 1976 por una patota de militares cordobeses, estando a punto de dar a luz.
El fotógrafo nacido en Villaguay, que tiene a su hermano Eduardo Mencho Germano desaparecido, está radicado en España desde hace varios años. Con esta muestra “regresa 30 años después, acompañando con su cámara a los familiares y amigos a los mismos lugares en que fueron tomadas aquellas fotografías para, en similares condiciones, volver a hacerlas, ahora con la hiriente presencia de la ausencia del ser querido”.
La muestra se exhibirá en Casa América Madrid hasta el 31 de enero. Posteriormente, Ausencias iniciará una doble itinerancia que la llevará a países de América Latina como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, así como a diversas localidades catalanas y a la ciudad italiana de Turín.
Desde su inauguración en octubre pasado, Ausencias ha recibido elogios unánimes y ha sido visitada por miles de personas que se han declarado impactadas después de ver las fotos. Es el caso de la diputada chilena Isabel Allende; el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias; el cantautor uruguayo, Jorge Drexler, o el miembro de Les Luthiers argentinos, Carlos Núñez Cortés, entre otros.
El calendario la traerá a la Argentina y entre el 26 de febrero y el 28 de marzo estará expuesta en el Centro Recoleta de Buenos Aires. A Paraná llegará en abril, donde será exhibida en el Museo Provincial de Bellas Artes Pedro E. Martínez de la capital entrerriana. Para agosto está previsto que las fotos sea mostradas en el Centro Cultural Español de Rosario, y luego volverá a Europa.
Condenaron a ocho ex miembros del Batallón de Inteligencia 601 por el secuestro de militantes de la Contraofensiva

El juez federal Ariel Lijo condenó a ocho represores a penas de entre 20 y 25 años de prisión por el secuestro de seis personas y por haber formado parte de una asociación ilícita durante la última dictadura. Esta es la primera vez desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida que altos oficiales del Ejército reciben una condena por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Cristino Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval y Santiago Manuel Hoya fueron condenados a 25 años de prisión; Waldo Carmen Roldán, Juan Carlos Gualdo, Héctor Julio Simón (foto) -el único que no es militar-, recibieron penas de 23 años de cárcel; Carlos Gustavo Fontana fue condenado a 21 años; y Pascual Guerrieri a 20 años.
Antes de leer la sentencia, Lijo les dio la palabra a los acusados presentes, todos ex miembros del Batallón de Inteligencia 601. Guerrieri fue el más locuaz. “Rechazo el término represor. Nosotros fuimos soldados pagados por este pueblo que está atrás y a los costados. Salimos a poner orden. No tenemos cara de asesinos, tenemos cara de soldados que cumplieron con su deber”, dijo parado y micrófono en mano.
Roldán, Guerrieri, Fontana, Arias Duval y Simón eran los únicos que estaban en la sala, de frente al magistrado y de espaldas a un público compuesto por familiares, sobrevivientes, miembros de organismos de derechos humanos y algunos funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo. Los otros tres acusados no estuvieron en la audiencia ya que sus defensores adujeron razones de salud: Hoya estaba en el Hospital Militar, donde murió unos días después.
El fallo del juez rebatió la proclama de Guerrieri: “Las constancias reunidas, la realidad y contexto histórico en los cuales se sucedieron los hechos tratados en este juicio, dan cuenta del desarrollo entre los años 1976 y 1983 de un plan de estado sistemático, elaborado fuera de todo marco legal llevado a cabo por las fuerzas militares, con la colaboración de fuerzas de seguridad y civiles”.
En el marco de ese plan, en el que la sentencia destacó que fueron cometidos delitos de lesa humanidad, los ocho represores fueron condenados por los secuestros de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros, apresados entre el 21 y el 29 de febrero de 1980, eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país como parte de la llamada operación de Contraofensiva organizada por la agrupación Montoneros y que también se cobró la vida del cura entrerriano Jorge Azur, aunque su caso no fue incluido en este juicio.
Tolchinsky fue secuestrada en septiembre de ese año mientras intentaba salir por el paso fronterizo mendocino de Las Cuevas. Es la única víctima de esta causa que logró sobrevivir a su cautiverio y su testimonio fue una pieza clave en el juicio. La mujer estuvo detenida en varias quintas cercanas a la unidad militar de Campo de Mayo y vio o escuchó a otras personas secuestradas. También reconoció a los represores.
Tolchinsky fue llevada un tiempo al paso fronterizo de Paso de los Libres. Allí fue vigilada de cerca por Simón, el Turco Julián. “Recibí siempre un trato muy vejatorio y humillante de su parte. Una vez detuvo un micro de un colegio judío y les clavó alfileres en las fotos de los documentos de los chicos, era una persona que creía en la magia negra. Me contó cómo torturaba gente, que una vez volvió loco a un chico torturándole la cabeza. Era repulsivo y a mí me daba muchísimo pánico. Al poco tiempo de llegar a Paso de los Libres viene con un cuadro y me muestra la foto de mis hijos tomada desde adentro de la casa de mi suegra, como demostrando que él podía llegar a cualquier lugar. Esto generó sentimientos encontrados, por un lado que después de dos años pude ver a mis hijos y por el otro el pánico de saber que él podía llegar adonde quisiese. Resulta difícil transmitir el horror”, contó la mujer. Lijo recordó esta declaración. Mientras la leía, Simón sonreía.
El testimonio de militares, ex agentes de inteligencia, el de la mujer de un represor de Campo de Mayo, documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y un informe del propio Batallón de Inteligencia rescatado del archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, además del relato de los familiares de las víctimas, se conjugaron para que el juez diera por probados los secuestros y torturas y la asociación ilícita por la que fueron condenados los ocho represores.
Después de la sentencia hubo aplausos. Y cuando los condenados salían de la sala se escuchó un grito: “En la cárcel se van a morir”. Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que llevaron adelante el proceso, salieron conformes. El fiscal Jorge Álvarez Berlanda anunció que apelará el fallo, pero porque el viejo código de procedimiento lo indica, ya que no todos los represores recibieron la pena que él había pedido: 25 años. Como esta causa se rige por ese código, el proceso fue escrito, pero Lijo accedió, a pedido del CELS, a “oralizar” la etapa final.
“Hace más de 25 años que espero este día. Que cumplan la sentencia y que nadie les acerque una pastilla de cianuro”, dijo Cristina Zucker, hermana de Pato Zucker y querellante. Ana María Abalos, mamá de Verónica Cabilla, señaló: “Ahora hay que lograr que vayan a cárceles comunes. Además, todavía no sé qué pasó con mi hija. No sabemos dónde están ella ni los demás”.
En el fallo, Lijo ordenó profundizar la investigación sobre la responsabilidad que pudieron tener los jefes de las áreas militares en estos crímenes y mencionó que el hecho de que cinco víctimas siguieran desaparecidas “ocasiona un tormento adicional para sus familiares por el que (los condenados) también deben responder, que perdurará en el tiempo, así como también para el resto de la sociedad argentina”.

jueves, 20 de diciembre de 2007

Represores de la ESMA fueron trasladados a la cárcel de Marcos Paz

El Servicio Penitenciario Federal concluyó el traslado de ex miembros de la ESMA al penal de Marcos Paz, en cumplimiento de un antiguo reclamo efectuado por los organismos de derechos humanos y que se concretó tras la muerte por envenenamiento con cianuro de Héctor Febres y a pedido de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo.
De este modo el ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2, Jorge Tigre Acosta y los oficiales Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, entre otros, compartirán alojamiento con condenados a penas de reclusión perpetua como el ex policía Miguel Etchecolatz o el ex capellán Christian von Wernich, en una cárcel común.
Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Antonio Pernías, Carlos Octavio Capdevila, Pablo García Velasco, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Rádice, Raúl Enrique Scheller, Adolfo Miguel Donda Tigel, Néstor Omar Savio, Víctor Francisco Cardo, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Carlos José Pazo, Hugo Enrique Damario, Rogelio José Martínez Pizarro, Eduardo Cabanillas y Enrique del Pino ya se encuentran alojados en una cárcel común. En el mismo penal fue alojado Raúl Reynoso, aunque, imputado en Corrientes.
La mayor parte de los oficiales de la Armada fueron detenidos en 2003, ni bien se reabrió la causa ESMA. Hasta mediados de año permanecieron dispersos en distintas bases navales bajo el cuidado de sus compañeros de armas. Cuando por sugerencia del Ministerio de Defensa fueron trasladados al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo, presentaron un hábeas corpus para que les permitieran seguir usando celulares y navegar por la web.
Sin embargo, tras la muerte de Febres, el juez federal Sergio Torres admitió que se imponía “una nueva evaluación” y concretó el pedido que la Sala II de la Cámara Federal le había formulado dos años antes: trasladar a los marinos a un lugar de detención custodiado por el Servicio Penitenciario Federal.
Doce de las 14 plazas de Campo de Mayo liberadas por los marinos serán ocupadas en los próximos días por militares imputados en la Masacre de Margarita Belén y otros acusados por crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, detenidos en la actualidad en la Base de Apoyo Logístico de La Liguria, en Resistencia.
En el Instituto Penal de Campo de Mayo la custodia externa está a cargo de Gendarmería y la interna de camaradas del Ejército. A partir del 1° de enero, por un convenio firmado entre los ministerios de Defensa e Interior, los guardias que tendrán contacto directo con los detenidos serán agentes del Servicio Penitenciario Federal.
La medida adoptada por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, alcanza Athos Renes, Rafael Carnero Sabol, Horacio Losito, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Aldo Martínez Segón, Ernesto Simoni y Luis Patetta, que se encuentran imputados por la Masacre de Margarita Belén -al igual que Norberto Raúl Tozzo (foto) quien permanece prófugo; mientras que los responsables del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes que serán juzgados a partir del 5 de febrero, son Julio Barreiro, Juan Carlos Demarchi y Carlos Roberto Piriz.

miércoles, 19 de diciembre de 2007

Repudio de los organismos de derechos humanos a la designación de dos funcionarios que defendieron a Febres

María Luz Piérola repudió la designación de Oscar Marelli como director de Arquitectura y la ratificación de Eduardo Aizpuru (foto) como representante del gobierno entrerriano en Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (BERSA) por haber apoyado al represor Héctor Antonio Febres durante su estadía en Concordia, donde fue jefe de Prefectura en la década de 1980. La dirigente de AFADER expresó que “la democracia se construye con ética”, y acotó: “Si alguien apoya a un represor, tiene que ser repudiado”.
“Desde los organismos de derecho humanos solicitamos que en el gobierno no se nombre a ninguno de los dictadores y a ninguno que haya tenido algún contacto con la dictadura, porque si alguien apoya a un represor como Febres eso también tiene que ser repudiado”, dijo Piérola en referencia a las designaciones de Marelli y Aizpuru, que en 1988 adhirieron a una solicitada de desagravio al represor.
La secretaria de AFADER manifestó que los “representantes políticos tienen que tener ética, no puede ser que apoyen a un dictador y torturador como Febres”, al tiempo que agregó que “si desde el gobierno dicen que dan un mensaje de memoria, verdad y justicia, bajo ningún punto de vista admitimos que se apoye a represores”.
Más adelante, Piérola acotó que “el planteo debe ser ético. ¿Cuándo vamos a aprender que la política debe estar ligada a la ética y no puede haber actitudes que tengan que ver con el apoyo a dictadores? No hablamos de una pavada, sino de cuestiones que tienen que ver con la dictadura más sangrienta de Argentina”, por lo que reclamó un debate de fondo, para evitar “que se tape a los genocidas y se favorezca al sistema político que ayudó a la impunidad. No tiene que ser una historia de declamación de los derechos humanos, sino que en la práctica se debe dar la defensa y los políticos son totalmente responsables de hacerlo, deben diferenciarse del Estado dictatorial, para eso hay que construirlo y eso se hace con ética”, aseguró.
En tanto, la integrante de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe Celia Keka Kofman -aunque nacida en Entre Ríos- también repudió las designaciones de Marelli y Aizpuru, y recordó que “en 1988 en una sesión del Concejo Deliberante de Concordia en la que estuve presente y hablé en representación de las Madres, Marelli apoyó a un represor que se llevó a la tumba la impunidad de los represores genocidas y ahora realizó un doble genocidio, porque primero desapareció a cientos de bebés y ahora los vuelve a matar, volviéndolos a desaparecer”.
Kofman aclaró que a pesar de vivir en Santa Fe “soy una ciudadana entrerriana y por eso le exijo al gobernador (Sergio) Urribarri, en representación de los organismos de derechos humanos, de los 30.000 desaparecidos y de todos los luchadores sociales, que no tenga en un gobierno democrático a un tipo que tiene una mentalidad fascista”.

viernes, 14 de diciembre de 2007

¿Por qué envenenaron a Febres?

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la detención de la esposa y dos hijos del represor Héctor Antonio Febres como también del prefecto que estaba a cargo de su custodia y del jefe de la unidad de Prefectura en el Delta, donde permanecía detenido. La Justicia sospecha que tienen vinculación con el envenenamiento del prefecto que el lunes apareció muerto y en la autopsia se comprobó que tenía una alta dosis de cianuro en sangre. Febres estuvo a cargo de la Delegación Concordia de la Prefectura Naval hasta que fue escrachado, declarado persona no grata y debió irse de la ciudad a mediados de la década de 1980.
El misterio en torno a la muerte del represor Héctor Antonio Febres continúa. Ahora Stella Maris Guevara, la esposa; Sonia Marcela Febres y Héctor Ariel Febres, los hijos del prefecto fueron detenidos bajo la sospecha de tener vinculación con el envenenamiento, ya que los tres cenaron con él en la sede de Prefectura en la que estaba arrestado. Los pedidos de detención fueron luego de que se comprobara que, la noche anterior de su muerte, cenaron junto al represor en su lugar de detención.
También fue arrestado el jefe de la Zona Delta de la Prefectura Naval, prefecto mayor Rubén Iglesias, y el prefecto que estaba a cargo de su custodia, se informó.
Febres apareció muerto el lunes en la habitación doble -con balcón, DVD y puerta de madera- que ocupaba a modo de prisión en el Tigre. El hallazgo se produjo apenas cuatro días antes de la audiencia en la que el Tribunal Oral Federal Número 5 tenía previsto dar a conocer su veredicto en el juicio que se le siguió por cuatro casos de ex detenidos-desaparecidos de la dictadura. Y seguramente iba a ser condenatorio.
La muerte de Febres, que sufría de diabetes y tenía antecedentes de problemas cardíacos, generó dudas entre los querellantes del juicio que estaba a punto de concluir. Se trataba de la que sería la primera sentencia contra un represor de la ESMA desde la anulación de las leyes del perdón y la reapertura de un millar de causas por crímenes de la dictadura.
El paro cardíaco que provocó la muerte del represor pudo haber sido consecuencia “de la ingesta de una importante cantidad de cianuro”, según afirmaron fuentes del gobierno y admitieron fuentes ligadas a la investigación. La principal hipótesis que maneja la Justicia es la del homicidio. La autopsia al cadáver de Febres fue realizada el miércoles en la Morgue del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación. El primer resultado dio que falleció por un infarto de miocardio, pero el análisis toxicológico -cuyo resultado final demora entre 15 y 20 días y permite conocer si ese infarto fue provocado por alguna sustancia tóxica- determinó que el cianuro en la sangre había ingresado “por vía bucal”.
Hecha la contraprueba y confirmado el dato, la magistrada se dirigió a la Zona Delta de Prefectura, donde hizo un allanamiento (hubo otros en lugares no revelados), secuestró el libro de guardia y ordenó las detenciones de los responsables de la custodia.
“Es una muerte muy rápida y terriblemente dolorosa”, le explicó uno de los médicos a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Por ese dato, los investigadores se inclinan por pensar que se trató de un homicidio y no de un suicidio. El hijo del represor, Ariel Febres, también se presentó como querellante en la causa, pero quedó detenido.
El dato de la proximidad de la sentencia hizo recordar a la desaparición el año pasado de Jorge Julio López, de quien se perdieron rastros justamente cuando se estaba por conocer la sentencia contra el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, a quien él había señalado como su verdugo durante el secuestro que sufrió en la época de la dictadura. Al respecto, el abogado de la víctimas de las torturas de las que estaba acusado Febres, Rodolfo Yanzón, consideró que la muerte del represor es “un mensaje mafioso” que indica que “la impunidad sigue viva”.
En un emotivo homenaje se reclamó la inmediata elevación a juicio oral de la causa por la Masacre de Margarita Belén

Se cumplió un nuevo aniversario de la Masacre de Margarita Belén, el fusilamiento de más de una veintena de prisioneros políticos de la dictadura militar cuando, supuestamente, eran trasladados desde lugares de detención en Resistencia hacia una cárcel en Formosa, con el reclamo de la inmediata elevación a juicio oral en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Resistencia. También se realizó un escrache a Vicente Valussi, sindicado como integrante de los servicios de inteligencia de la dictadura y un dato llamativo fue el hecho de que en todas las unidades policiales de la Provincia se realizó un minuto de silencio.
El 13 de diciembre de 1976, el Ejército y la Policía sacaron de distintas unidades a una veintena de presos políticos -entre ellos entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez- con la excusa de trasladarlos a Formosa. La versión oficial fue que el convoy fue atacado por un grupo armado cuando transitaba por la Ruta Nacional 11 en inmediaciones de la localidad de Margarita Belén -a unos 40 kilómetros de Resistencia-, y que los custodios repelieron el ataque. Sin embargo las investigaciones demostraron que se trató de un completo fusilamiento y que las víctimas habían sido torturadas. Los restos de diez de los militantes fueron entregados a sus familiares a cajón cerrado, pero un número no determinado de dirigentes permanece desaparecido.
Como cada año, se realizó una caravana que terminó en un acto en el monumento a los caídos, en el mismo lugar de la Masacre, precedido por el escrache de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) a Vicente Valussi, sindicado como integrante de los servicios de inteligencia de la dictadura.
Todos los oradores hicieron hincapié en el histórico reclamo de juicio y castigo a los culpables. Familiares de las víctimas, ex presos de la dictadura y organizaciones de derechos humanos confluyeron en el reclamo de la inmediata elevación a juicio oral en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Resistencia, que tiene como imputados a los militares Athos Gustavo Renes, Rafael Carnero Sabol, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Héctor Martínez Segón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, quienes permanecen detenidos. Norberto Raúl Tozzo -con inversiones en medios de comunicación de Hasenkamp y María Grande- está prófugo desde el abril de 2005, mientras que Jorge Alcides Larrateguy falleció el año pasado.
Según informó el diario Primera Línea, algunos de los detenidos, ahora representados por el defensor oficial Gonzalo Molina, tras la renuncia de Carlos Pujol, prestaron declaración entre el miércoles y jueves ante el juez federal Carlos Skidelsky.
Del acto participó también el gobernador Jorge Capitanich (PJ), como los diputados nacionales Carlos Kunkel y Victoria Donda, que es la primer hija de desaparecidos en asumir un cargo en el Congreso Nacional, y aseguró que su objetivo y el de la lucha que invita a librar, es “volver a poner en primer plano a la memoria y la verdad, valores indispensables para construir una Patria más justa para todos”.
Un dato que llamó la atención fue que en todas las unidades policiales de Chaco se realizó un minuto de silencio en horas del mediodía, “en homenaje a las víctimas que sufrieron las consecuencias de la ruptura del Orden Constitucional y del Terrorismo de Estado”, tal como lo establece la Ley Provincial Número 5.547, que también instituye al 24 de marzo como “Día Provincial de la Memoria por la Verdad y Justicia”. Además, el gobierno chaqueño adhirió a la conmemoración del31 aniversario de la Masacre de Margarita Belén y se dispuso que a partir de las 12 se arriara a media asta la bandera nacional del mástil central de Casa de Gobierno.

jueves, 13 de diciembre de 2007

Identificaron los restos de Alcides Bosch, un santafesino fusilado en la Masacre de Margarita Belén que estaba desaparecido

El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de Alcides Bosch como uno de los militantes asesinados en la Masacre de Margarita Belén, a 32 años del hecho en el fueron fusilados los entrerrianos Raúl Caire, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñez, junto con una veintena de personas. En 2005 por orden del juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky habían sido exhumados tres cuerpos, dos varones y una mujer, enterrados como NN en el cementerio de Resistencia. Además, trascendió que la mujer podría ser Ema Cabral, santafesina y esposa de Zapata Soñez. El tercero pertenece a Luis Díaz.
El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó la identificación de Alcides Bosch, militante de la Juventud Peronista y de las Ligas Agrarias del norte argentino. Bosch fue secuestrado el 22 de noviembre de 1976 en Resistencia, transcurrió su cautiverio en algún centro clandestino aún no identificado y después de ser fusilado fue enterrado como NN, por orden del Ejército, en el cementerio San Francisco Solano.
En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 miembros de la Brigada de Infantería VII del Ejército arrancaron de cárceles legales y clandestinas a una veintena de hombres y mujeres (el número preciso nunca pudo ser confirmado). Los fusilaron en un paraje de la ruta 11 conocido como Margarita Belén y entre ellos había tres entrerrianos.
“Cuando trascendió la masacre se me estrujó el alma”, recuerda María Isabel Francovich, compañera de Bosch y primera secretaria general de las Ligas Agrarias. “Desde ese momento comencé a armar la figura del desaparecido. Comprendí que si iban a detenernos era mejor huir y ser asesinados, para que al menos nuestra familia se enterara”, agrega.
La mayor parte de las víctimas fueron entregadas a sus deudos a cajón cerrado, pero otros permanecen desaparecidos. En mayo de 2001 la causa de la masacre se reabrió a partir de un activo rol de Amanda Mayor. En 2005 por orden del juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky el EAAF exhumó los restos de tres militantes, dos varones y una mujer, enterrados como NN. Según una investigación de El Diario de la Región, de Chaco, la mujer podría ser Ema Cabral, santafesina y esposa del paranaense Reinaldo Zapata Soñez. El cotejo del ADN permitió corroborar las identidades de Bosch y de Luis Díaz.
Alcides Bosch, Bocha para los amigos, nació en Las Mercedes, colonia rural de Villa Ocampo, en Santa Fe, el 10 de octubre de 1948. Según el periodista Raúl Borsatti, autor del libro Sólo digo compañeros, cuando terminó el secundario se internó en el Seminario Diocesano de Santa Fe para formarse como sacerdote. Lo abandonó para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Católica. Hizo la conscripción en el Distrito Militar Santa Fe y tras algunos oficios terrenales en Reconquista se trasladó a Villa Ana, pagos arrasados por La Forestal en los años ‘30, donde se sumó al parque agrícola que dirigía su tío, el sacerdote tercermundista Rafael Yacuzzi.
En representación de Villa Ana participó por primera vez de un congreso de las Ligas Agrarias del norte santafesino. El 22 de noviembre de 1976 partió a dedo desde Misión Lahisí, Formosa, hacia Resistencia. No hay testigos de su secuestro ni de su cautiverio. Su compañera lo recuerda como “un militante de tiempo completo. Voluntarioso, convencido, ponía el alma en cada tarea. Era afectuoso y cálido, siempre con una broma a mano, humor que heredó nuestro hijo”.

lunes, 10 de diciembre de 2007

A cuatro días de la sentencia, murió el represor de la ESMA Héctor Antonio Febrés

El represor Héctor Antonio Febres (foto) fue encontrado muerto en la celda que ocupaba en una base de Prefectura en el Tigre, a menos de una semana de conocerse el veredicto en el juicio que se le seguía por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Febres había vivido en Concordia, donde estuvo a cargo de la Delegación Concordia de la Prefectura Naval hasta que fue escrachado, declarado persona no grata y debió irse de la ciudad a mediados de la década de 1980.
El represor de la ESMA y ex prefecto fue encontrado muerto esta mañana en la habitación de la base de la Prefectura Naval en el Tigre donde estaba detenido, y aguardaba la sentencia en el juicio que se le seguía por secuestros y torturas cometidos durante la dictadura por grupos de tarea que dirigía en la ESMA. El fallo del juicio que se desarrolló entre octubre y noviembre se leería el viernes próximo.
El domingo a la noche, después de cenar, habló con su esposa por teléfono. Luego se fue a dormir a la habitación que tenía asignada en la base de la Prefectura Naval, en Tigre. Nadie advirtió nada extraño. Pero al día siguiente no se levantó a desayunar y a las 10.30 los guardiacárceles fueron a buscarlo. Al abrir la puerta lo encontraron sin vida.
Los miembros del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se reconocían como animales. Alfredo Astiz se hacía llamar El Cuervo, Jorge Acosta, El Tigre, Jorge Perrén, El Puma. A Héctor Febres, en cambio, le decían Selva, “porque era todos los animales juntos”. Además, era un hombre que conocía el destino de cada uno de los chicos apropiados en la ESMA y de sus apropiadores.
Más de 300 detenidos los padecieron, entre ellos Carlos Lordkipanidse, Josefa Prada de Olivieri, Carlos Alberto García y Alfredo Margari, por cuyos casos era el juicio que había comenzado el 18 de octubre. La querella y la Fiscalía habían pedido 25 años de prisión, en tanto que el defensor oficial Víctor Valle, el mismo que tuvo el dictador Jorge Rafael Videla, reclamó la absolución de su asistido. Febres no alcanzó a escuchar el fallo.
Vuelta la democracia, y mientras Raúl Alfonsín ejercía la Presidencia de la Nación y Elbio Bordet era intendente de Concordia, Febres conducía la delegación local de la Prefectura Naval. Por aquellos años y cuando las emisoras de Frecuencia Modulada (FM) no existían en la ciudad, Febres contaba con el apoyo de los medios de Concordia, en rigor, la radio LT 15 y el diario El Heraldo.
Hasta que luego de la denuncia formulada por el Partido Intransigente, varios ciudadanos de Concordia y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Febres fue declarado persona no grata por el Concejo deliberante, en el año 1987 a partir de un proyecto del entonces edil Mario Yedro (PJ). Un simple partido de tenis, del que pretendió participar el represor de la ESMA, culminó después de algunas semanas de movilización, en su expulsión de la ciudad por el pueblo reunido en la plaza principal.


Foto: Clarín.

domingo, 9 de diciembre de 2007

El año próximo podría elevarse a juicio la causa por el asesinato de la familia Amestoy

El año que viene podría elevarse a juicio oral la causa por la Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que fueron asesinados los nogoyaenses Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini y los hijos de ambos, María Eugenia y Fernando; y Ana María del Carmen Granada, de acuerdo a las estimaciones del secretario de Derechos Humanos del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de San Nicolás, José María Budassi. El dirigente, ex detenido político y activo militante, reconoció que “esperamos mayor celeridad”, aunque destacó el trabajo del fiscal Juan Murray.
Para Budassi, la causa más avanzada y próxima a juicio oral en San Nicolás es la conocida como la Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que fueron asesinados cuatro entrerrianos y Ana María del Carmen Granada, a manos de fuerzas conjuntas de las policías federal y bonaerense y militares, el 19 de noviembre de 1976.
“Estimamos y esperamos que en el transcurso del año que viene lleguemos a la instancia de juicio oral. Se trata de procesos que llevan unos cuantos años. Esperamos que nuestras madres puedan ver al menos un gesto reparador de Justicia”, dijo Budassi.
La semana pasada también estuvo en San Nicolás Luis Alem, que es jefe del Gabinete de Abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y “solicitó una audiencia con el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo para plantearle una serie de inquietudes en las causas. Fundamentalmente en los casos de los asesinatos de (Osvaldo) Cambiaso y (Eduardo) Pereyra Rossi ocurrido a mediados de 1983, en los que se encuentra implicado el ex comisario Luis Patti, y en la causa que investiga la muerte de monseñor Carlos Horacio Ponce de León. En este último caso, preocupado por precisar la posición ante la Justicia de revisar las actuaciones llevadas en su momento -plagadas de errores y omisiones- sumado a los testimonios y pruebas documentales que sientan la hipótesis de un atentado”.
Sobre la opinión que le merece la actuación de Villafuerte Ruzzo, Budassi consideró que “en lo personal como sobreviviente y compartiendo la ansiedad de las familias de nuestros compañeros desaparecidos, debo decir que esperamos mayor celeridad”, aunque destacó el trabajo del fiscal Murray, “que ha tomado contacto directo con los casos, se ha sensibilizado y manifestado buena disponibilidad. Concretamente en el caso del ex comisario Mastrandrea, imputado en la causa de los ex alumnos del Don Bosco, su actitud soberbia y prepotente frente al personal judicial -muy al contrario de lo que sucede con la conducta que nuestras abogadas por la parte querellante- marca de alguna manera cómo el proceso de memoria y justicia incide en la subjetividad de los protagonistas”.
Asimismo, destacó que “el juez no ha fallado correctamente al rechazar nuestras presentaciones como querellantes, a diferencia de la Justicia de La Plata donde sí fuimos admitidos con ese rol. De todos modos hemos apelado el dictamen que está en la Cámara Federal de Rosario”.
Asimismo, destacó el trabajo que se ha realizado a través de los Encuentros Regionales por Memoria y Justicia que se concretaron durante el primer semestre del año, y al trabajo que se viene haciendo desde 2001 con las escuelas y la Comisión Provincial por la Memoria, señaló que este año participaron varias escuelas de San Nicolás y La Emilia, vinculado a los juicios.

Fuente: Diario El Norte.
Se presentaron los nombres de los peritos para determinar si Trimarco tiene Alzheimer

El mismo día que el represor Juan Carlos Ricardo Trimarco (foto) no se presentó a declarar en la causa en la que se investiga el robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante el cautiverio de sus madres, la Justicia Federal ordenó una serie de medidas para que se constate si es verdad que el primer interventor militar en la provincia de la última dictadura padece mal de Alzheimer.
Con ese fin, los querellantes presentaron a quienes serán peritos de parte: un neurólogo, un psiquiatra y un cardiólogo. Así, se espera que en los próximos días la Justicia verifique el estado de salud de Trimarco y resuelva si está en condiciones de afrontar un proceso judicial y eventualmente fijar nueva fecha para su indagatoria en el Juzgado Federal de Paraná. El jueves, sobre el cierre del plazo legal, la abogada querellante Marina Barbagelata presentó a quienes serán los peritos médicos de parte que analizarán a Trimarco: el presidente de la Asociación de Psiquiatras de Entre Ríos, Luis María Pirro; la neuróloga Adriana Lavalle y el cardiólogo Fernando Ariel Di Tommaso.
Al ex hombre fuerte de la dictadura en la provincia se le imputa sustracción de menores y sustitución de identidad en el caso de los hijos mellizos de Raquel Negro, quien fue traída al Hospital Militar desde el centro clandestino de detención que funcionó en la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz a mediados de 1978. La mujer y los chicos permanecen desaparecidos. Según las investigaciones, el varón habría muerto poco después de nacer y la nena habría sido dejada en la puerta de un convento rosarino por dos represores, según declaró el compañero de armas Eduardo Tucu o Tucumano Costanzo, un ex agente de Inteligencia del Ejército que dio testimonio en Paraná el último 27 de noviembre.
El viernes 30 de ese mes, los abogados defensores Miguel Ángel Almeyra y Eligio Abel González manifestaron la imposibilidad de comparecer de Trimarco, y presentaron una constancia expedida por el neurólogo Ralph Pikielny, de la clínica Fleni, de Buenos Aires. Según argumentaron, el ex represor padece el mal de Alzheimer.
La jueza Federal subrogante, Myriam Galizzi, dispuso una serie de medidas a los fines de fijar una nueva audiencia. En primer lugar, resolvió tener por constituido el domicilio procesal de Trimarco en calle Nogoyá 524 de Paraná (el estudio de los abogados). En segundo orden, dispuso exhortar al juez federal en turno de la ciudad de Buenos Aires, para que “en carácter de urgente y preferente despacho” ordene “un examen mental en los términos del artículo 78 del Código Penal de la Nación al imputado Juan Carlos Ricardo Trimarco, MI Número 4.462.635, domiciliado en Avenida Las Heras 3702, sexto piso, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
También pidió un examen médico físico y neurológico “específicamente orientado a determinar si padece de afecciones cardíacas y/o neurológicas, y en lo específico si se encuentra bajo tratamiento con el diagnóstico de Alzheimer, indicando en caso afirmativo estado de la mencionada enfermedad y tratamiento prescripto a la fecha”.
Finalmente, con las conclusiones de esos exámenes, la Justicia Federal porteña deberá indicar si Trimarco se encuentra en condiciones de declarar en audiencia indagatoria; si se encuentra en “condiciones ambulatorias y de traslado” aptas para viajar hacia Paraná a prestar declaración “y/o en su caso si puede diligenciarse la medida de cargo respectiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en su domicilio particular”. El juez porteño de turno debe realizar estas medidas por medio del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación.

jueves, 6 de diciembre de 2007

El apropiador del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval fue trasladado a Marcos Paz

El represor Víctor Enrique Rei fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz después que las Abuelas de Plaza de Mayo lo denunciaran por obstruir la justicia en la causa en la que se investiga el secuestro de Alejandro Sandoval, el hijo de los entrerrianos Liliana Fontana y Pedro Sandoval (foto) -ambos desaparecidos durante la última dictadura militar-, nacido durante el cautiverio de su madre y que recuperó su identidad el año pasado. Después del Mundial de Fútbol de 1978, Rei fue segundo jefe del Escuadrón de Concepción del Uruguay.
Liliana Fontana y Pedro Fabián Sandoval fueron secuestrados el 1º de julio de 1977, cuando la mujer estaba embarazada de dos meses y medio. Liliana tenía 20 años, era estudiante de peluquería y había nacido en la ciudad de Viale. Pedro era oriundo de Nogoyá, tenía 33 años y era albañil.
Alejandro fue recuperado en septiembre del año pasado por Abuelas de Plaza de Mayo, transformándose entonces en el nieto número 84. Su identidad se pudo comprobar a través de los restos de ADN hallados en un cepillo de dientes de la casa del joven. Sin embargo, su apropiador, que ahora espera su juicio, impugnó el análisis con el argumento de que el cepillo en cuestión no era del joven sino suyo. Pero al momento de la medida, el hombre estaba preso hacía más de un año.
El represor Víctor Enrique Rei fue el primer miembro de Gendarmería detenido por el secuestro de un hijo de desaparecidos. Antes de la dictadura había participado del Operativo Independencia en Tucumán, y luego estuvo destinado a la seguridad del Mundial de Fútbol de 1978 y luego se desempeñó en la Dirección de Operación e Inteligencia de Gendarmería. Posteriormente fue segundo jefe del Escuadrón de Concepción del Uruguay. Además, fue visto en el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo y está involucrado en la desaparición de directivos del Banco de Hurlingham.
Rei estaba detenido en la unidad Agrupación Buenos Aires de Gendarmería, es decir, estaba custodiado por integrantes de la misma fuerza a la que había pertenecido. Ese fue uno de los argumentos que usaron los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Luciano Hazan y Alan Iud, para pedir que sea llevado a una cárcel común. Pero, además, utilizaron una presentación del mismo acusado. Es que Rei objetó el estudio de ADN que se usó para identificar a Alejandro Sandoval Fontana con el argumento de que el cepillo de dientes usado para el análisis era del represor. Como el joven se había negado a que le sacaran sangre, la jueza federal María Servini de Cubría ordenó un allanamiento en su domicilio para buscar objetos que tuvieran material genético.
Los abogados de Abuelas dijeron que Rei estaba buscando obstruir la investigación y que era probable que desde su lugar de detención hubiera intentado “plantar” pruebas, ya que estaba muy seguro de que había un cepillo suyo en la casa. El Tribunal Oral Federal Número 6 les dio la razón y enviaron al represor al pabellón de Marcos Paz donde están Miguel Etchecolatz, Christian von Wernich y Luis Patti, entre otros.
Pero Rei podría salir en libertad antes de su juicio si la Cámara de Casación Penal ratifica la excarcelación que le había concedido otro tribunal que tuvo a su cargo la causa. “El Tribunal Oral Número 6 viene actuando de forma acorde con las características de este proceso, otorgándole la importancia que se merece. Esperamos que de igual forma fije pronto la fecha de juicio porque existe el riesgo de que la Cámara de Casación le otorgue la libertad”, señaló Iud.